El caso de la Región Leonesa: El incumplimiento de la Constitución

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6/12/2017

Como cada 6 de diciembre, se celebra el aniversario de la aprobación de la Constitución, tras ratificarla los españoles en referéndum en 1978, hace 39 años. Con un futuro en entredicho, dado que casi todas las formaciones políticas que hablan de reformarla, muchos nos preguntamos si, en caso de reforma, van a cumplirla sólo en las partes que convengan a cada formación, o si llegarán a tomársela en serio.

Y es que, si por un lado, el motivo alegado para la reforma es precisamente la cuestión territorial, hay que recordar que a la hora de hacer cumplir la actual Constitución, todos los partidos se han pasado sus preceptos por el arco del triunfo en casos como el del derecho a la autonomía de la Región Leonesa o País Leonés.

Y es que el mapa autonómico español no coincide con el mapa regional existente en 1978. En la Constitución se recoge que son las regiones las que poseen el derecho a conformarse como comunidades autónomas pero, en algunos casos, nada más lejos de la realidad. En principio por número, pues las denominadas “regiones históricas” de España son 15, y las comunidades autónomas 17. Algo no cuadra.

En este sentido, cabe indicar que en la mayor parte de los casos sí fueron las regiones las que se convirtieron en comunidades autónomas. Así ocurrió con Galicia, Asturias, Extremadura, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, País Valenciano, Islas Baleares, Andalucía o las Islas Canarias. Para estas once regiones el proceso autonómico no supuso una reforma del mapa territorial, aunque conllevase un cambio de denominación en casos como el de las antiguas provincias Vascongadas (que pasaron a denominarse Euskadi/País Vasco).

Sin embargo, pese a que regiones y autonomías han sido coincidentes en la mayor parte de los casos, no se puede sostener esto mismo para el Reino de León, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva o Murcia, cuatro regiones que dieron lugar a seis comunidades autónomas.

En el caso murciano, su conversión autonómica hizo que perdiese por el camino la provincia de Albacete, pues la Región de Murcia hasta 1982 estaba formada por dos provincias: Albacete y Murcia.

En el caso de Castilla la Nueva, que recogió a Albacete en su seno al reconvertirse en Castilla-La Mancha, el Estado autonómico supuso la separación de Madrid, que abandonó su región histórica para conformarse en una autonomía uniprovincial.

Para Castilla la Vieja, por su parte, el proceso autonómico tuvo como consecuencia la huida de Santander y Logroño, reconvertidos como autonomías en Cantabria y La Rioja, a la par que se unían “con calzador” en una misma autonomía lo que quedaba de Castilla la Vieja con la Región Leonesa.

Precisamente el antiguo Reino de León, que pasó a ser ninguneado en el mapa autonómico, fue reconvertido en un insignificante sufijo (“y León”) de su nueva adscripción autonómica, lo que si nadie lo remedia en el futuro habrá sido el punto final para el camino regional del territorio leonés, integrado por Salamanca, Zamora y León, un territorio que había estado siempre presente en la cartografía hispana desde el nacimiento del Reino de León en el año 910.

El caso leonés quizá suponga, en materia territorial, el más evidente y flagrante caso de violación de la Constitución por intereses políticos (separatismos estatales aparte). Y el propio nombre de la autonomía de Castilla y León pone demasiado en evidencia que esta autonomía no es una región, sino dos.

De hecho, dejando a un lado los nombres, cabe señalar que hasta 1983 no hubo nunca una región española denominada “Castilla y León”, pues León y Castilla siempre caminaron regionalmente por separado, independientemente de que compartiesen monarcas al igual que hacían con Galicia, Asturias, Extremadura, Castilla la Nueva o Andalucía.

Y es que en este caso, UCD y PSOE sí dejaron todo atado y bien atado en los Pactos Autonómicos de 1981. Las tímidas (o no tan tímidas) voces que pedían una autonomía para las provincias leonesas quedaron sepultadas bajo el rodillo del bipartidismo del momento, que hizo caso omiso, por ejemplo, de la gran manifestación leonesista de 1984, cuando 100.000 leoneses salieron a las calles de la ciudad de León a exigir la autonomía para la Región Leonesa. Para entender la magnitud de esta movilización, cabe indicar que dicha cifra suponía el 10% de la población que sumaban Salamanca, Zamora y León. Algo así como si pretendiesen fusionar España a Francia en un Estado denominado “Francia y España” y saliesen a la calle a exigir la continuidad de España como Estado cuatro millones y medio de españoles.

No obstante, no hay que olvidar que tanto PSOE como UCD mostraron sus simpatías hacia una autonomía leonesa antes de las elecciones municipales de 1979 (“considerando que León es una región que históricamente ha sido y es sentida y querida por sus habitantes y que desde el punto de vista económico es viable y conveniente” decía el PSOE en septiembre de 1978), aunque después de éstas, una vez instituidos los ayuntamientos y diputaciones, esto es, una vez asegurados los votos en los municipios para la opción escogida por UCD y PSOE, poco más se volvió a saber de esas posturas pro-Región Leonesa en dichas formaciones.

De una incoherencia similar fue la postura de Alianza Popular, que llegó a defender una autonomía uniprovincial leonesa en León (lo que enterraría a la Región Leonesa igualmente), la castellano-leonesa en Valladolid, y la de Castilla la Vieja en Burgos o Segovia, posturas las de León y Segovia que mantuvieron tímidamente hasta que llegaron al Gobierno de la Junta en 1987.

En todo caso, pese a la inconstitucionalidad notoria de Castilla y León, ésta quedó conformada como autonomía, pues no se llegó a interponer ningún recurso de inconstitucionalidad que alegase que los territorios con derecho a la autonomía eran León y Castilla por separado, pues aunque AP interpuso sendos recursos sobre León y Segovia, éstos apenas buscaban anular la inclusión de dichas provincias al nuevo ente.

Por otra parte, las fuerzas ciudadanas ni tan siquiera pudieron interponer un recurso, pues para hacerlo sólo están habilitados un grupo de 50 diputados o senadores, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo y los gobiernos o parlamentos autonómicos.

Volviendo a lo recogido en la Constitución, en su artículo 143.1 se establece más en concreto que para acceder a la autonomía “las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes […] podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas”.

Curiosamente, en el campo histórico poco se podría decir que avalase una autonomía conjunta de Castilla y León, pues siempre fueron regiones separadas. Culturalmente, hay también diferencias, la gaita charra o chifla es un ejemplo evidente, pues de todas las provincias de la autonomía apenas es tocada en Salamanca, Zamora y León, en las cuales posee una importante vitalidad, frente a la dulzaina de teclas omnipresente en Castilla, que en las provincias leonesas apenas es tocada en la parte oriental, precisamente en las comarcas fronterizas con el territorio castellano. Asimismo, los trajes tradicionales muestran la existencia del dengue (una prenda cruzada en el pecho femenino) y un exceso de ornamentación en la mayoría de trajes leoneses, siendo los castellanos más similares a los vascos.

A ello se podrían añadir aspectos lingüísticos, que tendrían mucho que ver con la lengua leonesa, que agoniza en un puñado de comarcas occidentales de las tres provincias leonesas, aunque sobre todo con los restos que ésta ha dejado en el español de Salamanca, Zamora y León, que los filólogos encuadran en el “dialecto leonés” del español debido a la multitud de giros, expresiones o palabras que proceden de la lengua leonesa y se emplean en el castellano que se superpuso a aquella en los territorios del antiguo Reino de León.

Pardal (gorrión), pega (urraca) o teso (cerro) son algunas de las palabras heredadas del leonés que perviven en nuestro vocabulario. De hecho, algunos de nuestros pueblos obedecen en su nombre a una deficiente castellanización de los nombres originales en leonés, como por ejemplo Ahigal, que procede de La Figal (la higuera en leonés), Aldealengua (Aldea Luenga), Carbajosa (de “carbayo”, roble en leonés), Villaseco (Villar Seco), u otros nombres con el diminutivo leonés –ino, como Villarino o Barceíno.

Por último, económicamente tampoco hay un denominador común entre los territorios leoneses y castellanos. Mientras la Región Leonesa empleó tradicionalmente la Vía de la Plata como columna vertebral, que abrazaba al puerto de Gijón por el norte y al de Sevilla por el sur a través de Extremadura, Castilla la Vieja hizo lo propio con el eje Santander-Madrid, sirviendo Burgos como enlace hacia las provincias vascas y Valladolid hacia las del Noroeste hispano.

La creación de una autonomía conjunta no ha hecho sino poner en evidencia las diferencias entre las dos regiones preexistentes, habiendo pasado el eje de la Vía de la Plata a un segundo plano, fruto del cual la Región Leonesa, entre 1983 y 2017, ha perdido 133.254 habitantes, lo que supone casi el 90% de la pérdida poblacional de toda la autonomía, y contrasta especialmente con el caso de Valladolid, que ganó en el mismo periodo 35.458 habitantes.

En este sentido, los datos económicos parecen indicarnos la existencia de dos regiones económicas en la autonomía, con una de ellas, la leonesa, asomándose al abismo, con el mayor índice de despoblación y envejecimiento de toda Europa occidental.

Recientemente, en su libro de memorias Desde el balcón de la Plaza Mayor: Memorias de un alcalde, quien fuera alcalde de Salamanca en el periodo de construcción autonómica, Jesús Málaga, incluía una curiosa reflexión sobre dicho momento: “Un popurrí de provincias de los antiguos reinos de Castilla y de León conformó, para bien de Valladolid, una Comunidad extensa, despoblada e invertebrada. Defendí entonces la Comunidad de León con Zamora y Salamanca. Otro gallo nos habría cantado, pero los intereses vallisoletanos pudieron sobre los demás”.

Hay un refrán que dice “más vale tarde que nunca”, quizá sea el momento de que sus compañeros de siglas, así como del resto de partidos, se tomen en serio las reivindicaciones de una autonomía propia para Salamanca, Zamora y León, porque el empobrecimiento, despoblación y el envejecimiento de una región no puede ser nunca un buen negocio para el conjunto del país.

Así, si la actual Constitución habilita la creación de una autonomía leonesa, con más razón debería dejarse abierta esta puerta de reformarse la misma. Y es que, por otro lado, ¿Por qué no abrir un debate sobre la posible autonomía de la Región Leonesa? Al fin y al cabo, el artículo 40.1 de la Constitución recoge que “los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa”. Si se estima que ésta sería positiva para Salamanca, Zamora y León. ¿Por qué no? Nunca es tarde si la dicha es buena.

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