El ‘caso Icamcyl’ estalla a la Junta de Castilla y León

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El análisis de Miguel Ángel Llamas || 31/5/2018

El pasado martes el procurador de Podemos en las Cortes de Castilla y León, Ricardo López Prieto, preguntó a Pilar del Olmo, consejera de Economía de la Junta de Castilla y León, sobre varias irregularidades en la concesión de una subvención directa a la Fundación Icamcyl, por importe de 700.000 euros, para el desarrollo de dos proyectos de I+D+i en el ámbito de los recursos endógenos mineros y de las tecnologías de materiales avanzados basados en materias primas autóctonas.

La formación morada puso en cuestión la “singularidad tecnológica” de la Fundación Icamcyl, que se había creado por varias empresas privadas apenas tres meses antes de recibir la subvención (en diciembre de 2017) y que, por ende, carece de trayectoria científico-tecnológica alguna.

La intervención de López aportó detalles que provocaron desasosiego en las filas populares. En concreto, el procurador morado aportó un documento contable (retención de crédito) de fecha anterior a la propia solicitud de la subvención en el que figuraba el nombre de la Fundación Icamcyl y un importe de 500.000 euros. Además, la cantidad finalmente concedida ascendió a 700.000, lo que motivó que la Fundación, con posterioridad al compromiso de la Junta, incrementara la cantidad solicitada.

La respuesta de la consejera Del Olmo ha puesto en un brete a la Junta al haber admitido prácticas manifiestamente ilegales. Del Olmo argumentó que desde “la Junta queremos impulsar un nuevo centro tecnológico, que es lo que realmente es esta Fundación”. Y la consejera continuó explicando entre titubeos: “Lo que normalmente se hace es intentar que alguien, colaboración pública privada, quiera liderar ese proyecto”.

Cualquier análisis jurídico del caso con un mínimo de rigor pone contras las cuerdas a la consejera de Economía y Hacienda. Si la Junta quería impulsar un proyecto de colaboración público-privada, no es la subvención directa el instrumento jurídico pertinente, sino la contratación pública. Cuando la Administración pública promueve un proyecto debe acudir a la contratación pública, que exige la existencia de objetividad, transparencia y concurrencia. No en vano, en esos momentos estaba vigente el llamado “contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado”.  Si la iniciativa hubiese partido de la Fundación Icamcyl, algo que negó Del Olmo, entonces podría justificarse el recurso a la subvención. Pero, en todo caso, la subvención directa requiere justificar que no puede hacerse una convocatoria pública.

Pero Del Olmo fue más allá. Ante la pregunta de cómo era posible que existiese un documento contable anterior a la fecha de solicitud de la subvención, respondió: “Seguramente sabíamos ya que la iba a solicitar”. Este conocimiento previo refuerza la idea de que la iniciativa del centro tecnológico partía de la Junta y que, por tanto, debió realizarse un contrato público.

¿Cómo sabía Del Olmo que la Fundación iba a pedir una subvención antes de que se registrase la solicitud? La respuesta quizá se halle en la intervención del procurador de Podemos. López informó de que en el momento de la concesión de la subvención existía un instituto público de la Universidad de Burgos, el ICCRAM, que acumulaba tres años de experiencia en los mismos proyectos. Más aún, el actual director general de Icamcyl e investigador que avalaba el proyecto solicitado estaba vinculado en esos momentos a la Universidad de Burgos y fue el director del ICCRAM.

El Diario de Burgos publica hoy que la Universidad de Burgos se querella contra el exdirector del ICRRAM por revelación de secretos y apropiación de secretos. En dicha información se menciona el envío de correos electrónicos entre el entonces director del ICRRAM y cargos de la Junta de Castilla y León. Esta información explicaría por qué la Junta de Castilla y León sabía que la Fundación Icamcyl iba a pedir una subvención directa antes de solicitarla.

La relevancia del ‘caso Icamcyl’ no puede ser mayor. La Junta de Castilla y León ha concedido 700.000 euros “a dedo” vulnerando las principales leyes administrativas. El Consejo de Gobierno de la Junta fue el órgano encargado de autorizar el pago de 700.000 euros al tratarse de una subvención directa. El presidente Juan Vicente Herrera y la consejera Pilar del Olmo no pueden alegar desconocimiento. Lo sabían.

 

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